El señor Ministro de Agricultura Javier Ponce en la sesión de clausura del VII Encuentro Nacional del Foro de Recursos Hídricos, planteó crear un Consejo de Riego, integrado por representantes del Estado y las organizaciones participantes en el Encuentro.
En base a lo anterior la Subsecretaría de Riego convocó a una reunión, que tuvo lugar el día martes 26 de los corrientes, en la ciudad de Quito. La comisión de riego designada por la Mesa Nacional del Foro de Recursos Hídricos elaboró una propuesta de agenda de trabajo el día jueves 22 de junio, la que fue puesta a consideración de las organizaciones y foros provinciales. Con base a los aportes recibidos se ajustó el documento, que fue presentado al señor Ministro de Agricultura el 26 de junio.
A la reunión asistió una comisión de dirigentes de organizaciones integrada por Mesías Ugsiña, Antonio Ureta, Santiago Duque, Fausto Alcívar, Raúl Salas y Emerson Bravo.
La propuesta realizada por las organizaciones integrantes del Foro de Recursos Hídricos contiene varios temas:
La necesidad de tener una planificación nacional y los planes provinciales de riego,
La política de desarrollo territorial en cada sistema de riego público y comunitario,
La capacitación de las organizaciones y de los agricultores,
El establecimiento de una institucionalidad especializada en riego con autonomía económica y financiera, tanto a nivel nacional como provincial;
La revisión de las resoluciones del CNC relacionadas con el riego,
La transferencia de todos los sistemas públicos a las juntas de regantes para que sean administrados, operados y mantenidos por ellas;
La redistribución del agua a favor de los campesinos;
El establecimiento de planes de manejo de páramos, articulados a la gestión del agua;
La creación de nuevas áreas de riego en zonas campesinas;
La recuperación de suelos en áreas de riego actuales y nuevas;
El desarrollo de sistemas de drenaje.
En el documento también se plantea la necesidad de que el Estado de manera inmediata coloque un presupuesto para financiar las propuestas señaladas.
Finalmente, se ha pedido que la Contraloría General del Estado revise los contratos suscritos entre el 2008 y 2009, así como una auditoría social a nivel provincial y nacional sobre la gestión realizada por el INAR y que los resultados se hagan públicos.
